VANGUARDIA POPULAR ANTE LA CONSTITUYENTE CORPORATIVA DEL GOBIERNO

En respuesta a Elías Jaua

En consideración a la comunicación enviada con fecha cuatro (04) de mayo de 2017, por parte del ciudadano Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, en la que se nos invita a conocer y discutir acerca de esta iniciativa, Vanguardia Popular fija su posición en los siguientes términos:

1) El decreto formulado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros el día 1 de mayo de 2017, a través del cual convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, representa una más en la larga cadena de graves y sistemáticas violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que profundiza la ruptura del orden constitucional y democrático en que ha incurrido el gobierno nacional, en connivencia con el Tribunal Supremo de justicia y el Consejo Nacional Electoral, entre otras instituciones del régimen.

2) Tal decisión representa, en este contexto, la más grave violación al espíritu y letra de nuestra Carta Magna, por cuanto desconoce el principio fundamental sobre el cual se edifica todo el andamiaje republicano del país, el cual es:la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo; usurpa el poder constituyente originario cuyo depositario es el pueblo; y desnaturaliza su carácter al concebirla como una asamblea corporativa, manipulada y ventajista que, en nombre de una supuesta representación de los sectores sociales, escamotea el principio fundamental de igualdad de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos políticos y el carácter universal, directo y secreto del voto.

3) En efecto, el artículo 5º constitucional establece: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Del mismo modo, el artículo 347 del texto constitucional consagra lo siguiente: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Asimismo, el artículo 348 de la Carta Magna señala: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”.

4) De acuerdo con lo anterior, es el pueblo venezolano, en ejercicio de su soberanía y en su condición de titular del poder constituyente originario, el único facultado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En este caso, el Presidente en Consejo de Ministros solo puede tomar la iniciativa de proponerla pero es ineludible consultar al pueblo, a través un referéndum, para que sea éste quien diga si está o no de acuerdo con ella y, eventualmente, apruebe o no sus bases comiciales. Eludir este procedimiento no solo es un fraude a la Constitución y un engaño a la población, sino, sobre todo, una grave usurpación de las facultades inalienables e intransferibles del pueblo.

5) También es claro que una Constituyente solo debe ser convocada para “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Cualquier otro propósito debería seguir el camino de la reforma constitucional o de la enmienda. Significa que se engaña al pueblo con esta convocatoria fraudulenta por cuanto, o no se atiene a los objetivos que justifican su convocatoria, o se pretende transformar el ordenamiento jurídico del país y redactar una nueva Constitución, porque la actual ya no le sirve a sus propósitos anti democráticos y anti nacionales, pero se oculta esta intención.

6) No menos grave es pretender conformar una Asamblea Nacional Constituyente de carácter corporativo, tal como en su momento hiciera el fundador del fascismo, Benito Mussolini. Tal despropósito es doblemente fraudulento por cuanto, por una parte, vulnera el principio de igualdad y no discriminación por razones de sexo, raza, religión, inclinación política o condición social de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos políticos y, por la otra, le otorga ventaja al gobierno por cuanto escogerá el 50% de los constituyentistas entre Consejos Comunales, Comunas y otras organizaciones sociales que han sido conformadas de forma sectaria, excluyente y antidemocrática, como una prolongación del Estado y del PSUV, mientras han sido desconocidos, no legalizados o ilegalizados un conjunto de otras organizaciones sociales, sindicales y gremiales por el solo hecho de no estar controladas por el gobierno o su partido. De esta manera, el carácter universal y directo del voto queda vulnerado por una propuesta engañosa y fraudulenta.

7) En tales condiciones, su consumación constituiría una burla inaceptable a la soberanía popular y a la voluntad expresa de la inmensa mayoría nacional que, de mil formas y en reiteradas ocasiones, ha manifestado su clamor porque se produzca con urgencia un cambio en la conducción y orientación de los destinos del país.

8) El mayor despropósito y la más aberrante paradoja estriba en señalar que el objetivo principal de esta Constituyente es promover la paz a través del diálogo entre todos los sectores de la sociedad, cuando es el gobierno y sus grupos paramilitares los que han sembrado la violencia, el terror y la muerte ante el reclamo popular que denuncia la ruptura del orden constitucional y democrático y exige su restablecimiento inmediato. En efecto, pretende el gobierno desconocer que el extraordinario movimiento de protestas que se desarrolla en Venezuela desde hace ya más de un mes, es continuidad del que el año pasado reclamaba en las calles la activación de un referéndum revocatorio presidencial que fue frustrado gracias a una maniobra, igualmente fraudulenta y antidemocrática, desarrollada por tribunales de control (sin competencias en materia electoral) y el Consejo Nacional Electoral, por ordenes de Miraflores. Pretende el gobierno ocultar que este robusto movimiento, que a diario activa a millones de compatriotas en Caracas y el interior del país, emergió en respuesta a graves sentencias de un espurio Tribunal Supremo de Justicia que, a juicio de la Fiscal General de la República, y de los principales órganos de la comunidad internacional, constituyen una ruptura del orden constitucional, un quebrantamiento grave del orden constitucional y democrático del país que aún no ha sido restablecido. Y frente a este movimiento democrático y pacífico la única respuesta obtenida hasta ahora es la represión desmedida que ha dejado el doloroso saldo de más de 40 compatriotas muertos; centeneras de heridos, lesionados y asfixiados por los gases lacrimógenos; miles de detenidos y perseguidos de los cuales varias decenas están siendo sometidos inconstitucional e ilegalmente a juicios militares, en muchos casos contra el criterio de la Fiscalía.

9) Más allá de lo anterior, este gigantesco movimiento de protestas se ha convertido en catalizador del profundo malestar social que embarga a la inmensa mayoría nacional frente a la grave crisis general de toda la sociedad venezolana, especialmente frente a la grave problemática económico-social que empobrece aceleradamente a nuestro pueblo, lo somete a los rigores de la carestía y la escasez de los productos de la dieta básica y lo condena a morir de mengua en el ruleteo por los hospitales públicos.

10) Como puede evidenciarse, no es cambiar la Constitución lo que el pueblo está exigiendo, es el restablecimiento pleno de la vigencia de ella. No es cambiar la Constitución lo que el pueblo quiere, es cambiar al gobierno que se ha apartado de la Constitución, que la viola y desconoce de forma sistemática y que lo condena a la pobreza y el hambre, a la miseria y la represión, a la inseguridad, el deterioro y encarecimiento de todos los servicios públicos, mientras la cúpula gobernante saquea el erario público y entrega la soberanía nacional al capital financiero y a las trasnacionales del petróleo y la minería.

11) En atención a lo aquí señalado, Vanguardia Popular considera necesario denunciar el fraude constitucional que implica la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en los términos definidos por el gobierno, desenmascarar su carácter engañoso y distraccionista cuyo propósito principal es atornillar en el poder a una cúpula hambreadora y corrupta que pretende seguir gobernando la nación contra la voluntad expresa de la inmensa mayoría nacional, al margen de la Constitución y Leyes de la República, con base en la manipulación y la mentira, sostenidos en el control que ejercen sobre los principales órganos del Poder Público, especialmente el TSJ y el CNE, y en el desarrollo de la coerción y la represión contra el pueblo.

12) Hacemos un llamado a mantener y profundizar el movimiento de protesta que está en la calle exigiendo la apertura de un canal humanitario para atender la emergencia nacional en materia de alimentación y medicinas, la libertad de todos los presos políticos, cese de la represión y desarme de los grupos paramilitares del oficialismo, restablecimiento de las facultades y competencias de la Asamblea Nacional y formulación de un cronograma preciso para la realización de las elecciones de gobernadores y Consejos Legislativos Estadales, las de Alcaldes y Concejales y la presidencial.

¡CONTRA LA DICTADURA DEL HAMBRE, LA MISERIA, LA CORRUPCIÓN, LA REPRESIÓN Y LA ENTREGA DE LA SOBERANÍA NACIONAL!

¡FUERA MADURO! ¡GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL YA!

Por el Comité Político Nacional de Vanguardia Popular (VP):

Rafael Venegas

C.I: 3.814.870

Secretario General