La situación en la frontera con Colombia, particularmente en el paso entre San Antonio y Cúcuta, a raíz de la decisión del gobierno venezolano de cerrar la frontera y la declaración del estado de excepción (suspensión parcial de garantías constitucionales) en 9 municipios tachirenses ha profundizado la delicada problemática en las relaciones políticas, económicas, sociales y diplomáticas entre los dos Estados.
Con los antecedentes inmediatos de los “10 millones de firmas” con peticiones a Obama, los reclamos al gobierno de Guyana por las actividades exploratorias en la Zona en reclamación, las declaraciones del nuevo “testigo estrella” involucrando a casi todos los dirigentes de oposición en una conspiración paramilitar, golpista y uribista, acciones todas que intentaron desviar la atención del inmenso fracaso de la gestión económica, política y social del gobierno de Maduro- Cabello, de manera irresponsable y criminal han generado este nuevo conflicto pseudopatriotero, que tal vez en sus cálculos inescrupulosos no imaginaron la escalada que tomaría ante la indignada reacción del gobierno colombiano por los atropellos a sus conciudadanos.
La insólita deportación de mas de 1000 ciudadanos colombianos y la presión policial militar en las comunidades, que ha llevado a que más de 7000 hayan cruzado en pánico por las trochas, han llevado a generar una verdadera tragedia humana con familias divididas, padres separados de sus hijos, pérdida de viviendas y bienes hogareños acumulados durante decenas de años en algunos casos. La cruel imagen de soldados marcando casas con letras y luego tractores destruyendo las mismas y grupos humanos atravesando por ríos cargando con lo que podían de sus pertenencias, recuerdan los momentos más trágicos de la historia, como la represión nazi en la II Guerra Mundial o los tractores israelitas derribando las barriadas palestinas. Así no se hayan cometido ninguna otra violación de los derechos civiles y humanos, ya con lo ocurrido nos señala que clase de régimen arruina a Venezuela.
No solo con estas prácticas queda en evidencia la absoluta falsedad de la supuesta condición “revolucionaria” y “obrera” del gobierno. Nada que ver con la hermandad, fraternidad y solidaridad internacional de la clase obrera. Ni tampoco con el ideal de Bolívar de la Gran Colombia: Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador como una sola nación y un solo país. El discurso xenófobo donde “colombiano” se asimila como “paramilitar” lo que busca es sembrar odio entre unos pueblos que, en la frontera es muchísimo más difícil, distinguirlo el uno del otro.
La problemática de la frontera es muy variada y compleja. Reducirla a paramilitares, contrabando y narcotraficantes es una simplificación de las manipulaciones oficialistas. En municipios de Apure y Zulia hay grupos de las FARC, ELN, etc que cobran vacunas y que actúan como factores de presión sobre la población venezolana. En la frontera con Brasil mineros clandestinos destruyen las riquezas naturales de la amazonía venezolana y en las costas hay la salida por el Oriente de drogas por vía marítima. En particular el cierre del Puente Simón Bolívar va ha agudizar los problemas económicos de nuestro país por el cese de las importaciones de bienes procedentes de Colombia, necesarios para el funcionamiento de la economía.
Esta situación pone en claro el fracaso del gobierno chavista y, en particular del Presidente, quien ejerció el cargo de Canciller durante largos años, y jamás aportó ninguna propuesta de solución a estos problemas. En esta situación como en el resto de los problemas del país la solución es un Cambio de Rumbo, derrotar por las vías democráticas a esta nueva oligarquía corrupta, incapaz e irresponsable.
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