La vivienda como castigo

La vivienda como castigo

La política represiva del gobierno adquiere cada día niveles más preocupantes. De la criminalización de la protesta y la persecución selectiva a dirigentes políticos se avanza a una represión generalizada que afecta fundamentalmente a los sectores populares. La llamada Operación de Liberación del Pueblo, término con connotación militarista, con la cual el gobierno promete más seguridad es la misma política represiva que durante años ha criminalizado a los pobres por su condición de pobres.

La reencarnación del tristemente célebre Plan Unión. Dicho plan para quienes no lo conocen o no recuerdan se caracterizó por la realización de redadas masivas en los barrios deteniendo a miles de personas. Criminólogos de la época calcularon que  fueron detenidas más de 20.000 personas para terminar presentando en tribunales menos de 100. Un rotundo fracaso porque la criminalidad no disminuyó como no disminuirá ahora. Las políticas de seguridad ciudadana que se centran en lo represivo siempre han fracasado.
Pero esta política del gobierno de Nicolás Maduro es aún más represiva, más antipopular que aquella. Por primera vez en la historia del país la vivienda pasa de ser un derecho a convertirse en una medida de castigo. Lo que hizo el gobierno en la carretera Panamericana no tiene precedentes. Derrumbar la vivienda de cientos de personas por considerar que en esos lugares residían algunos delincuentes. Por vía administrativa se impone además una sanción que afecta no solo al presunto delincuente sino a su familia. Así se dejó a madres, ancianos, niñas y niños en la calle sin piedad. Una política antihumana de extrema criminalidad de Estado.
La acción desalmada pero bien armada contra los pobres en la carretera Panamericana dejó a cientos de familias en la calle. Se derribaron viviendas de personas con más de 20 años viviendo en ese lugar. Invito al lector a que busque y vea el video titulado "habitantes de la Panamericana envían carta al presidente Maduro" y saque sus propias conclusiones.

En el mundo el uso de la vivienda como medida punitiva solo se había aplicado por los gobiernos israelitas contra el pueblo palestino. Se destruye la vivienda de donde se presume vive un terrorista. La Organización de Naciones Unidas reiteradamente ha condenado que la vivienda se use como medida punitiva y exhortado al Estado de Israel cese con esa política violatoria de los derechos humanos. Esa misma   que hoy aplica el gobierno venezolano.

La ONU través del relator sobre el derecho a una vivienda adecuada expresa que "el uso de derribo de viviendas como medida punitiva es una forma de castigo colectivo contraria al derecho internacional". Pero no solo derribar, desalojar de una vivienda a una familia bajo el argumento de que alguno de los integrantes es posiblemente un delincuente, es extender la sanción a otras personas que no tienen nada que ver con los delitos que se investigan.
Estas políticas antipopulares tal vez se pudiesen impedir si por un lado, la Defensoría del Pueblo juega un papel más activo. Ciertamente el Defensor no puede estar en todos lados donde se comete una violación de derechos humanos que son bastantes en todo el país. Pero hay situaciones emblemáticas. Todavía los habitantes de la Cota 905 lo esperan y si se hubiese presentado a la carretera Panamericana cuando se empezaron a derribar las viviendas otra pudiese ser la historia. Ojalá el Defensor comprenda el poder que tiene para contener abusos si se propone con firmeza  impedir que ocurran.
Pero se requiere también una actitud más activa de líderes sociales y políticos conscientes que la histórica criminalización  de los pobres en las políticas contra la delincuencia solo generan más violencia contra las familias que habitan en las zonas populares.

Es lamentable saber que gente que ayer cuestionó duramente el Plan Unión de la IV República hoy aplauden la versión bolivariana. Las solidaridades automáticas a favor de los gobiernos han producido enormes tragedias a la humanidad.


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